La resolución sobre la eventual remoción del magistrado quedó pendiente hasta el regreso del ministro Roberto Contreras, previsto para fines de noviembre. Mientras algunos reportes apuntan a que se habrían alcanzado los votos necesarios para su salida, otros señalan que la votación continúa sin una mayoría suficiente confirmada públicamente.
Editorial RancaguaTV / Imágenes: Inteligencia Artificial
La confianza en los tribunales de justicia constituye uno de los pilares de una sociedad democrática que aspira a vivir en orden, seguridad y bajo el imperio de la ley. Cuando las actuaciones judiciales generan controversia, también surge el debate sobre la responsabilidad de quienes ejercen la magistratura y la capacidad de las instituciones para responder a las expectativas ciudadanas.
En este contexto, el caso del juez Daniel Urrutia vuelve a situar al Poder Judicial en el centro de la discusión nacional, luego de que la Corte Suprema decidiera postergar la comunicación de su resolución sobre la eventual remoción del magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
¿CUÁNDO SE CONOCERÁ LA DECISIÓN?
El lunes 19 de octubre de 2026, el pleno de la Corte Suprema abordó cinco procedimientos de remoción relacionados con magistrados que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Sin embargo, la comunicación de los resultados quedó pendiente debido a la ausencia del ministro Roberto Contreras, quien se encontraba haciendo uso de su feriado legal.
La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, explicó que el proceso solo podrá concluir cuando Contreras se reincorpore y emita su voto en los cinco procedimientos pendientes.
Su regreso está previsto para fines de noviembre, estimándose como posibles fechas el 27 o el 28 de ese mes. No obstante, hasta el momento no se ha informado públicamente un día definitivo para comunicar la resolución del caso.
La situación ha generado versiones periodísticas diferentes. Mientras Mega Investiga informó que la votación ya habría alcanzado los 11 votos necesarios para remover a Urrutia, otros reportes, entre ellos el de BioBioChile, señalaron que la decisión quedó pendiente en medio de una votación estrecha y sin que se hubiera confirmado públicamente la mayoría requerida.
La diferencia entre ambas versiones obliga a mantener la cautela informativa. Hasta que la Corte Suprema comunique oficialmente su resolución, no corresponde presentar la remoción del magistrado como un hecho consumado.
Para concretar la remoción de un juez se requieren al menos 11 votos. La intervención pendiente de Contreras debe completarse antes de que el tribunal pueda cerrar formalmente el procedimiento y comunicar su decisión.
Antecedente:
El procedimiento se relaciona con dos viajes realizados por Urrutia mientras se encontraba con licencia médica: uno a Costa Rica, en enero de 2020, y otro a Ecuador, en junio de 2022.
En el primer caso, el desplazamiento estuvo relacionado con una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de una demanda contra el Estado chileno. Respecto del viaje a Ecuador, el magistrado sostuvo que acudió a una comunidad terapéutica para recibir tratamiento.
En mayo de 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó una de las causas por prescripción y absolvió al juez en la otra. Posteriormente, la Corte Suprema abrió un procedimiento de remoción para determinar si los antecedentes comprometían su permanencia en el Poder Judicial, conforme a las atribuciones contempladas en el artículo 80 de la Constitución.
LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL PODER JUDICIAL
El caso se desarrolla en un escenario de cuestionamientos ciudadanos hacia la administración de justicia. Una encuesta Cadem citada por medios nacionales en septiembre de 2026 indicó que el 75% de los consultados evaluaba negativamente al Poder Judicial, mientras que el 83% manifestó que la institución no le generaba confianza.
El mismo sondeo consignó que el 81% consideraba que el Poder Judicial se dejaba influenciar por los sectores más poderosos y el 82% estimaba que no aseguraba la igualdad ante la ley.
Estos resultados reflejan una percepción crítica sobre la institución en su conjunto; no constituyen, por sí solos, una medición de la opinión ciudadana específica sobre Daniel Urrutia ni permiten atribuir esas evaluaciones exclusivamente a su caso.
La resolución pendiente no solo definirá la situación de un magistrado. También pondrá nuevamente a prueba la capacidad del máximo tribunal para comunicar decisiones disciplinarias de especial relevancia pública con claridad, transparencia y apego a las normas.
En una democracia, la confianza en la justicia depende tanto de la responsabilidad de quienes ejercen funciones judiciales como de la existencia de procedimientos rigurosos, decisiones fundadas y una comunicación institucional que permita a la ciudadanía comprender qué se ha resuelto y qué permanece pendiente.
Por ahora, el futuro de Daniel Urrutia continúa sin una resolución oficialmente comunicada. La fecha de reincorporación del ministro Roberto Contreras marcará el siguiente paso para cerrar un procedimiento que mantiene la atención pública sobre el funcionamiento y la credibilidad del Poder Judicial.
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
