Señor director:

Un estudio de Acción Educar dio cuenta de la disminución en el número de postulaciones a prekínder y kínder, indicando que dos de cada cinco cupos quedan vacíos.

Esto debe preocuparnos profundamente como sociedad. No basta con atribuir esta situación únicamente a la baja natalidad. Detrás de estos datos hay un problema estructural: seguimos considerando la educación inicial como un espacio opcional, más cercano al cuidado que al proceso educativo.

En 2024, solo el 86,9% de las niñas y niños en edad de asistir a prekínder y kínder estuvieron matriculados. Esta cifra es preocupante, especialmente cuando la evidencia científica es contundente: los primeros años de vida son clave para el desarrollo del lenguaje, las habilidades socioemocionales y muchas otras dimensiones fundamentales para un desarrollo integral. Omitir estos niveles genera una brecha que no solo persiste, sino que se profundiza con el tiempo.

Es urgente avanzar en políticas públicas que aseguren no solo la matrícula, sino también la asistencia efectiva a la educación parvularia. Para ello, por ejemplo, los reportes de asistencia deben identificar claramente qué párvulos están en riesgo, en lugar de diluir esta información en promedios generales del curso. Solo así será posible tomar decisiones oportunas y adaptadas a cada realidad.

Asimismo, se necesita una estrategia decidida de sensibilización dirigida a las familias. Garantizar la asistencia permanente desde los primeros niveles educativos requiere el compromiso coordinado de todos los actores del sistema: escuelas, sostenedores, municipios y el Estado. Solo mediante una acción conjunta será posible generar las condiciones necesarias para que niñas y niños accedan, permanezcan y se beneficien plenamente de la educación parvularia.

Frecuentemente debatimos sobre cómo mejorar los resultados del sistema escolar, y una parte fundamental de la respuesta está, paradójicamente, en los niveles educativos que aún no hemos aprendido a valorar como corresponde.

María de la Luz González 

Directora ejecutiva 

Fundación Educacional Oportunidad.

Señor director:

El 17% de la población chilena vive con algún grado de discapacidad, según el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad. Esta cifra, que representa a más de 3,2 millones de personas, debería ser un llamado de atención para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, donde el bienestar de estas personas no dependa de cumplir con mínimos legales, sino de un compromiso genuino con su integración social, laboral y emocional.

Desde la Fundación Miradas Compartidas hemos aprendido que detrás de cada persona con discapacidad hay una historia llena de desafíos, pero también de oportunidades. Muchas veces, lo único que necesitan es ser aceptadas tal como son, y no simplemente “normalizadas”. Esa aceptación comienza en nuestra forma de relacionarnos con ellas, en los espacios que les ofrecemos y en las oportunidades que les brindamos para desarrollarse plenamente.

Uno de los grandes pendientes sigue siendo la inclusión laboral. Aunque el 55% de las empresas cumple con la Ley de Inclusión mediante contrataciones directas, apenas el 1,2% de los trabajadores en Chile tiene alguna discapacidad. En nuestra experiencia, la inclusión laboral va mucho más allá de números ya que es fundamental preparar a las empresas, sensibilizar a los equipos y realizar ajustes razonables para que estas contrataciones no solo sean sostenibles, sino también enriquecedoras para todos los involucrados.

Por otro lado, el deporte sigue siendo una herramienta poderosa para generar bienestar emocional y físico. En nuestras Olimpiadas Inclusivas hemos visto cómo desaparecen las diferencias en la cancha. El trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración y el respeto son aprendizajes que transforman vidas. Sin embargo, en Chile solo uno de cada cuatro jóvenes con discapacidad participa en actividades recreativas, una cifra que debemos mejorar con urgencia.

El bienestar de las personas con discapacidad no debería ser un privilegio, sino un derecho. Es tiempo de construir una sociedad donde nadie se sienta “raro” por ser quien es. Esa es nuestra misión, y el desafío que tenemos como país para los próximos años.

Felipe Olavarría Orrego

Fundador y Gerente General

Fundación Miradas Compartidas

En 1962 el estudio del Colegio Real de Médicos del Reino Unido (RCP) “Fumar y la Salud”, impactó la conciencia pública y política, dado el desconocimiento de los peligros del tabaquismo.

Dicho informe se lanzó en conferencia de prensa, para informar al público y a los políticos, dado que, se estimaba que el 70% de hombres y el 40% de las mujeres en el Reino Unido fumaban.

Así la OMS estableció bases para políticas de control del tabaco, como prohibir anuncios de cigarrillos en televisión, etiquetas de advertencia en los paquetes, aumento de los impuestos y la restricción de fumar en lugares públicos.

Las principales conclusiones del informe fueron las siguientes:

1. Relación entre fumar y cáncer pulmonar, siendo una de las primeras veces que se evidenció sólidamente este nexo.

2. Aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares: Se señaló que fumar aumentaba significativamente el riesgo de estas enfermedades, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

3. Impacto en la salud general: Se destacó que fumar tenía efectos de daño en la salud en general, incluyendo enfermedades respiratorias crónicas y otros tipos de cáncer.

4. Recomendaciones para reducir el consumo de tabaco: advertencias en paquetes de cigarrillos, restricciones en publicidad y la promoción de programas de abandono del tabaco.

Hoy la evidencia científica mundial suma más consecuencias: Cánceres en diversas localizaciones, como vejiga, boca, lengua, esófago, colon y recto, riñón, hígado, leucemia. Los fumadores tienen más infecciones respiratorias agudas, envejecimiento de la piel, problemas en embarazadas y sus efectos en más probabilidad de abortos, prematurez y bajo peso al nacer de sus niños.

Se estiman en promedio 54 muertes al día en Chile por causa del fumar, con un costo de 1,2 billones de pesos chilenos gastados anualmente para tratar problemas de salud causados por este hábito.

Dr. Jorge Toro

Director Especialidades Médicas

Universidad Autónoma de Chile

Talca

Señor director:

En el marco del Mes de la Educación Parvularia, queremos destacar y agradecer profundamente la invaluable labor que realizan las educadoras de párvulos en los jardines infantiles de todo el país. Estas profesionales dedican parte importante de su vida a formar integralmente a las niñas y niños a través del juego, el afecto y una pedagogía de calidad, mostrando un compromiso y profesionalismo que muchas veces no recibe el reconocimiento que merece.

Sin embargo, esta labor tan significativa se lleva a cabo en condiciones que no siempre son las óptimas. Una de las mayores carencias es la falta de horas no lectivas destinadas a su formación continua. Esto obliga a las educadoras a buscar instancias de capacitación en su tiempo libre, muchas veces compitiendo con otras responsabilidades. Hemos sido testigos de su esfuerzo por perfeccionarse y el entusiasmo por mejorar para entregar lo mejor en sus salas de clases.

Reconocer su importancia no sólo debe ser un gesto simbólico, sino también una acción concreta. Necesitamos educadoras de párvulos altamente capacitadas para enfrentar los desafíos educativos del presente y del futuro. Para ello, es esencial que cuenten con espacios y recursos que impulsen su desarrollo profesional continuo.

Hacemos un llamado a valorar el impacto directo que tienen en los primeros años de vida de nuestros niños y niñas y su rol fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa. Invertir en su formación y bienestar no es un gasto, sino una apuesta por el desarrollo del país.

Yael Codriansky

Jefa área Transferencia de Aprendizajes

Fundación Educacional Oportunidad

La aprobación del proyecto de Modernización de la Educación Parvularia marca un paso importante hacia una educación más equitativa, abordando la necesidad de datos que respalden decisiones informadas. El análisis de proveedores ha revelado problemas de doble y triple matrícula, lo que hace esencial un registro sólido de Educación Parvularia para alinear esfuerzos con las necesidades de las familias.

Los antecedentes del proyecto demuestran que la atención no siempre ha estado enfocada en las comunidades, resultando en vacantes disponibles en algunos territorios y largas listas de espera en otros. Esto resalta la importancia de utilizar mejor los datos y priorizar la colaboración para garantizar una educación de calidad.

La Educación Parvularia es clave para el desarrollo integral de los niños y sus primeras experiencias son esenciales para su crecimiento. No debemos permitir que la falta de acceso y recursos impida establecer metas comunes, por lo que las políticas públicas deben ser inclusivas y garantizar el derecho a la educación.

Es responsabilidad del Estado asegurar que nadie quede fuera de la educación inicial, y las organizaciones de la sociedad civil debemos aportar nuestra experiencia para resolver este desafío. Solo así podremos ofrecer a todas las niñas y niños las mismas oportunidades de desarrollo y aprendizaje.

María de la Luz González

Directora ejecutiva

Fundación Educacional Oportunidad

Hace pocos días se anunció uno de los cambios más esperados en la política educativa de nuestro país: el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) y su reemplazo por el Fondo de Educación Superior (FES). Si bien este nuevo sistema no es una solución mágica, es un avance necesario para dejar atrás un modelo que, durante años, endeudó a miles de familias y marcó las trayectorias de tantos estudiantes. El FES, al centrarse en un esquema de retribución solidaria, ofrece un camino más equitativo para financiar la educación superior, especialmente para jóvenes de regiones como el Maule, donde la pobreza ha sido un obstáculo persistente.

Lo interesante del FES es que no solo se trata de financiar estudios, sino de un cambio en la forma en que concebimos el acceso a la educación. Al eliminar la necesidad de endeudarse para estudiar, se fomenta una visión de la educación superior como un derecho y no como un privilegio. Esto podría marcar una diferencia importante, especialmente en sectores rurales y comunas con menos recursos, donde las decisiones sobre continuar o no con los estudios muchas veces dependen de factores económicos más que de las aspiraciones personales. 

Claro, hay desafíos por delante: asegurar que esta implementación se realice con monitoreo constante y ajustes necesarios, para que realmente se convierta en una herramienta que transforme el acceso a la educación en todo el país. Pero el FES, al menos, nos mueve en la dirección correcta: hacia una educación donde el lugar de origen o los recursos económicos no sean el límite de lo que los y las jóvenes puedan alcanzar.

Francisco Silva Díaz

Académico Facultad de Educación

Universidad Autónoma de Chile