Marcha CUT RM:

Masiva fue la presencia de Profesores, educadores y trabajadores de la Educación en las diferentes movilizaciones  a lo largo y ancho de todo Chile, en apoyo al Paro Activo convocado por la CUT. En la Metropolitana llegaron miles de docentes desde las 52 comunas de la región a la principal marcha convocada por Alameda Libertador Bernardo O’Higgins.

En su discurso frente a la multitud el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, sostuvo  que “la unidad es el camino para enfrentar al poder económico que no quiere cambios y volveremos a salir a las calles si no escuchan nuestras emandas y nuestro llamado”

El líder gremial Docente explicó que la presencia del gremio es la convocatoria de la Cut se debe a que “las demandas de las y los trabajadores también son las nuestras, queremos un sistema previsional justo y no con pensiones de miseria, que sea  sin el negociado de las AFP’s; los derechos laborales y sociales que también nos afectan, el
derecho a la salud y por supuesto derecho a la Educación que es algo central para nosotros, son parte del petitorio común”.

El Presidente Nacional Docente agregó que además están “Nuestras demandas específicas. No nos han cumplido con la prometida reparación de la Deuda Histórica; la Educación Pública se desangra y no ha habido la suficiente fuerza para defenderla y levantarla; tenemos problemas de convivencia gravísimos y no hay una ley que nos proteja; hay muchos pendientes los profesores que están a contrata y el no pago de la Mención para las y los Educadores de Párvulo y Diferencial”

Por último, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, respecto a la gran convocatoria señaló “esto es una muestra que el camino es la unidad. La unidad del Magisterio, la unidad del Profesorado y del Movimiento Social, ése es el camino y por eso vamos a trabajar”.

El parlamentario por la región de O’Higgins, informó que convocará a las máximas autoridades del sector debido a que los volúmenes de personas que fallecen “son inaceptables” por lo que debe ser la prioridad uno.

El presidente de la Comisión de Salud y senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, informó -a propósito de los datos entregados por el Ministerio de Salud a un medio de comunicación de circulación nacional donde se dio a conocer que en el año 2022 más de 44 mil personas fallecieron mientras esperaban a ser atendidas en una lista de espera- que convocará a una sesión especial en los próximos días con las máximas autoridades del sector.

 “La información de las muertes en listas de espera en Chile es dramática, porque van al alza en los últimos ocho años. Hay más de 5 mil de estas muertes que son de personas que estaban en el Plan Auge y que teniendo tiempos máximos definidos por ley, no se le respetaron y murieron en esa espera”, señaló el también médico.

Explicó que hay otros 38 mil que murieron simplemente por no estar en el Plan Auge y que quedaron a su “suerte” sin plazo máximo "sin nada que los protegiera, en una espera infinita para operarse o para llegar a un especialista. Esto es inaceptable socialmente en Chile, por eso, como esta es la prioridad número uno, debe ser tomada como tal (…) Esto ya llegó a un punto crítico en que los volúmenes de personas que mueren, francamente, son inaceptables a estas alturas del siglo XXI para nuestro país", apuntó el senador.

 “Hay presupuestos, hay recursos y queremos saber cómo se están usando, cómo se evita esta escalada creciente de muertes en la espera, porque este flagelo tiene que tener una solución, no debemos quedarnos pasivamente esperando que más y más casos sigan engrosando esta fatídica lista de espera en Chile que no es aceptable ni ética ni políticamente desde ningún punto de vista”, finalizó. 

La representante de O’Higgins aseguró que distintas personas advirtieron que las tarjetas de hasta 1,8 millones que recibieron para comprar materiales no están siendo aceptadas como medio de pago, aparentemente porque el Estado no habría reembolsado los recursos.

A más de nueve meses de la primera inundación que afectó gravemente a la Región de O’Higgins, la diputada por el Distrito 15 e integrante de la comisión de la Familia de la Cámara Baja, Natalia Romero, ofició esta semana al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), como también a la dirección regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), luego que distintos damnificados de la tragedia de junio denunciaran que las “gift card” que el Gobierno les entregó para comprar materiales de construcción, y cuyo monto llegaba hasta los $1,8 millones de pesos, están siendo rechazadas en el comercio, supuestamente por el no pago de dichos recursos por parte del Estado.

Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente grave” lo señalado por las familias afectadas, la parlamentaria aseguró que, de acuerdo a los testimonios que ha recabado, las distintas ferreterías de la zona y otros locales similares ya no estarían aceptando esa tarjeta como medio de pago, argumentando que desde el Serviu no habrían -a la fecha de la denuncia- reembolsado los montos.

En ese sentido, y tras conocer de la situación, la representante de O’Higgins ofició rápidamente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; al director regional del Serviu, Omar Gutiérrez, y a la secretaría regional del Minvu en la zona, no sólo para que puedan referirse directamente a la denuncia que realizaron algunos damnificados, sino que también para que -de ser efectiva- den a conocer todas las medidas de contingencia que adoptarán para garantizar el uso de dicha tarjeta.

“Lo que han denunciado algunas familias damnificadas de las inundaciones del año pasado es absolutamente inaceptable e, incluso, denigrante, porque los vuelve a ubicar en una situación de total abandono. Las autoridades anunciaron con bombos y platillos las distintas ayudas que entregarían a quienes sufrieron con las emergencias del mes de junio, sobre todo en las comunas de Coltauco, Doñihue y Rengo, pero resulta que una de esas medidas, que era esta famosa ‘gift card’ de hasta 1,8 millones para la compra de materiales de construcción, ya no estaría siendo aceptada en las ferreterías porque el Estado no habría reembolsado esos recursos”, cuestionó la legisladora.

En esa línea, la diputada Natalia Romero expuso en su oficio de fiscalización que lo anterior “resulta preocupante no sólo por la tardanza en el apoyo brindado a las familias que sufrieron pérdidas materiales con ocasión de la catástrofe, sino que también porque los mecanismos dispuestos para ello derechamente no estarían funcionando”, agregando que lo anterior ha dejado “a las familias, por ejemplo de Coltauco, en una situación de desamparo económico y sin ningún tipo de ayuda”.

Al respecto, cabe recordar que la primera inundación dejó a unos 9.500 damnificados, causando la destrucción total de 307 viviendas, mientras que casi 4.000 quedaron con daños mayores y menores.

Por lo mismo, la parlamentaria por el Distrito 15 aprovechó la ocasión para consultar sobre el avance de las ayudas comprometidas por el Gobierno, recordando también que meses atrás denunció que las viviendas de emergencias instaladas en la zona aún no tenían habilitado los servicios básicos.

“Lo que han denunciado los vecinos damnificados es de toda gravedad y, de ser efectivo, las autoridades centrales y regionales deberán entregar una muy buena explicación. Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien aseguró que no abandonaría a quienes perdieron su vivienda, pero resulta que estamos pronto a cumplir un año de la primera inundación que sufrimos en nuestra zona, y aún existen muchos compromisos que están pendientes”, cuestionó la parlamentaria.

La parlamentaria por O’Higgins se reunió esta semana con distintas autoridades regionales y dirigentes del sector, quienes le manifestaron su preocupación por la inseguridad que están viviendo y el peligro que dichos terrenos puedan convertirse en un foco de incendio.

La diputada por el Distrito 15, Natalia Romero, se reunió esta semana con los dirigentes de la Villa Cordillera de Rancagua, ubicada en la zona oriente de la comuna, para reiterar su llamado al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de O’Higgins a que puedan cercar alrededor de ocho sitios eriazos que se encuentran en dicho sector -y que en su totalidad suman más de 20 hectáreas-, puesto que no sólo se ha convertido en un grave foco de delincuencia durante el último tiempo, sino que también en un peligro para los residentes ante la amenaza de posibles incendios.

A la instancia en que participó la parlamentaria, también llegó la delegada presidencial (s) de O’Higgins, Marta Pizarro; el coordinador de Seguridad Pública de la misma delegación, Sebastián Gacitúa, y el director (s) de Seguridad Pública de la Municipalidad de Rancagua, Ignacio Soto, además de representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), entre otras autoridades.

Lo anterior, explicó la diputada Romero, con el objetivo de reunirse con los vecinos del sector ante la preocupación que mantienen por los sitios eriazos que, pese a las gestiones, siguen abandonados.

“Estamos hablando de más de 20 hectáreas de terreno en el sector oriente de Rancagua que se encuentran absolutamente abandonadas por las autoridades del Serviu, pese a que los vecinos de la Villa Cordillera llevan alrededor de diez años insistiendo por una solución. Todos sabemos los peligros que conllevan los sitios eriazos, que no sólo terminan aumentando la inseguridad en todo su alrededor, sino que principalmente se terminan convirtiendo en un foco de incendio, sobre todo en épocas como esta”, advirtió la parlamentaria por O’Higgins, quien incluso aseguró que durante los últimos días ya se produjeron algunas quemas de pastizales, sin que las autoridades reaccionen.

En esa línea, Romero recordó que fue a fines de abril del año pasado cuando se reunió con los vecinos de dicha zona, justamente para abordar la grave problemática que están viviendo. En la ocasión, sostuvo la legisladora, los propios residentes de la Villa Cordillera le manifestaron que los terrenos “siguen tal cual que hace nueve años, cuando llegamos a vivir a este sector”, además de señalar que “se han convertido en focos de basura e, incluso, ya existen algunas tomas en el lugar”.

Por lo mismo, y ante la ausencia de medidas que le devuelva la tranquilidad a los rancagüinos que allí residen, esta vez la diputada Natalia Romero emplazó y exigió al Serviu de Rancagua a que otorguen una solución a la brevedad posible, advirtiendo que “si siguen manteniendo esta actitud de indiferencia con los vecinos, no descartamos ejercer ninguna acción que tengamos al alcance”.

“Es absolutamente lamentable e impresentable la actitud que ha tenido el Serviu durante todo este tiempo, porque sabiendo el grave peligro que significa tener ocho sitios eriazos en el más absoluto abandono, no son capaces de adoptar ninguna medida que permita resguardar a los vecinos de la Villa Cordillera. Son cientos de familias que están muy desesperadas, que han visto gravemente perjudicada su calidad de vida producto de la delincuencia y la contaminación que se ha generado en el sector, y pese a ello las autoridades siguen dándoles las espaldas”, cuestionó la legisladora de O’Higgins, quien finalmente reiteró que “vamos a seguir presionando hasta lograr que se instale un cierre perimetral en estos terrenos y todos los vecinos puedan volver a recuperar su tranquilidad”.

A pesar de no conocerse la prevalencia real del trastorno del espectro autista en Chile y de que la recién promulgada ley de Autismo establecía su incorporación en encuestas y estudios poblacionales, no se incluirán preguntas en el futuro registro que se llevará a cabo a partir de este 9 de marzo.

A días de cumplirse un año de la promulgación de la Ley de Autismo, las agrupaciones de personas y familiares con esta condición  han dejado de lado celebraciones  para salir a denunciar un incumplimiento de la normativa por  parte del mismo Estado al excluir las consultas sobre autismo en el Censo 2024, vulnerando el artículo 7 letra e de la Ley N°2.545 el cual mandata expresamente “ Incorporar el trastorno del espectro autista en encuestas o estudios poblacionales pertinentes con el objeto de conocer su prevalencia en los diferentes territorios del país y las principales características de esta población”.

Para la Federación Nacional de Autismo, Fenaut, que representa a agrupaciones de todo el territorio nacional, este censo reunía las condiciones para incorporar estas preguntas y poder determinar la cantidad de personas autistas que viven en nuestro país, necesidad planteada de manera urgente frente a la alza de los casos de autismo en nuestro país situación que se repite en todo el mundo.  

Con el fin de plantear la importancia de generar este catastro de autismo a través de preguntas en el Censo 2024, en enero se reunieron con el Ministro de Economía, Nicolás Grau y el Director del Instituto Nacional de Estadísticas(INE), donde sin embargo se les habría señalado que las personas autistas querían estar en el CENSO 2024 por reivindicación ya que existirían actualmente los datos aportados por la Encuesta de Discapacidad y Dependencia de 2022 (ENDIDE) la que determinó a esa fecha la cantidad de personas mayores de 18 años con TEA. 

Desde la Fenaut acusan que debido a la falta de cifras se disminuyó el presupuesto de la implementación de la Ley de Autismo en 18 mil millones en su primer año y para el presupuesto 2024 se habrían terminado aprobando solo 9 mil millones de pesos, poniendo en jaque a este nuevo cuerpo legal que tiene por objetivos asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, la inclusión , eliminar cualquier forma de discriminación , promover un abordaje integral de las personas autistas en el ámbito social, de la salud y de la educación, además de concientizar a la sociedad sobre esta temática. 

“El Gobierno no ha entendido la importancia y necesidad urgente de tener una estadística certera de cuántas personas son autistas en Chile, estamos perdiendo una tremenda oportunidad y haciendo caso omiso a una Ley que al parecer comienza a ser letra muerta”, señaló la presidenta de Autismo Rancagua, Elizabeth Escobedo, agrupación local con amplia trayectoria y que hoy tiene dentro de sus usuarios a niños, niñas y jóvenes de toda la región, quien además enfatiza que con esta acción se vulneran tratados internacionales y se cierra la puerta a la posibilidad de generar estrategias adecuadas para cada región y sus necesidades . “Llevamos una década pidiendo un catastro de autismo, saber de cuántas personas estamos hablando, dónde viven, es una necesidad y un derecho humano, no una reivindicación, sino datos fundamentales para llevar a la realidad la Ley de Autismo” cerró Elizabeth Escobedo.

“Ministro no va haber una Reactivación mientras sigan los problemas de la Educación Pública, que la infraestructura grave no sea abordada, mientras haya profesoras y profesores que no reciben sus sueldos ni sus cotizaciones previsionales, mientras las y los docentes estén Agobiados por la sobrecarga de trabajo administrativo impidiéndoles una dedicación plena y absoluta de los estudiantes. La reactivación educativa, en serio, pasa por abordar esas graves problemáticas y no únicamente por estar pensando en puntajes Simce”, señaló el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano Mario Aguilar,  ante las declaraciones del Ministro de la cartera, Nicolás Cataldo.

El líder gremial explicó “lo que tenemos hoy en Chile en la Educación es un problema severo, pero no es solamente producto de la pandemia o de la inasistencia post pandemia, esta crisis en la Educación viene desde hace muchísimo tiempo. Si de verdad se quiere mejorar la Educación, no se puede basar en una sesgada prueba como lo es el SIMCE o suponer que si se suben los puntajes la Educación chilena se ha solucionado”

Mario Aguilar, además sostuvo que “señalar que la reactivación en la educación puede tomar 10 años, es preocupante”