Por Redacción RancaguaTV
Ya no se puede seguir hablando de "casos aislados" o de "errores administrativos". Lo que reveló la Contraloría General de la República no es un problema puntual: es una verdadera industria de licencias médicas falsas, en la que médicos y pacientes operan como socios silenciosos de un fraude masivo al Estado.
¿Quién es el verdadero corrupto? ¿El trabajador que solicita una licencia sin estar enfermo o el médico que la firma sin dudar? La respuesta es obvia para cualquiera que no esté tratando de proteger intereses gremiales: el médico es el punto de partida del delito.
El informe es escandaloso: más de 21 mil personas en instituciones públicas viajaron dentro o fuera del país mientras estaban, supuestamente, en reposo médico. ¿Cómo se explica eso? Fácil: alguien les firmó esa licencia. Y ese "alguien" no es un algoritmo, no es una enfermera, no es un software de Fonasa. Es un profesional de la salud, con nombre, apellido y número de colegiatura.
Aquí no estamos frente a un "vacío legal". Estamos frente a un acto deliberado de corrupción médica. Y no es marginal. Es estructural. Médicos que lucran con la venta de licencias, clínicas que las ofrecen casi como parte de un “pack de servicios” y trabajadores que saben exactamente a qué consulta ir cuando necesitan “descansar con goce de sueldo”.
Porque no olvidemos este punto: en el sector público, la licencia médica no implica pérdida de ingresos. Eso, combinado con la nula fiscalización y el silencio cómplice de instituciones enteras, ha convertido esta práctica en un negocio redondo, a costa del fisco y del respeto a la salud pública.
Y sin embargo, cuando se denuncia este escándalo, muchos desvían la atención: que el sistema está sobrecargado, que hay presión laboral, que los funcionarios están estresados. Todo eso puede ser cierto. Pero nada de eso justifica que un médico falsifique un diagnóstico y ponga su firma al servicio del abuso.
Así como el alcoholismo no existiría sin quien lo vende, el fraude con licencias médicas no existiría sin el profesional que la extiende con pleno conocimiento de causa. Aquí no hay ingenuidad. Hay complicidad. Médicos que han convertido su consulta en una imprenta de permisos pagados.
La doctora Karina Doña, de la Universidad Autónoma de Chile, apunta bien al identificar la podredumbre ética que hay detrás de este fenómeno. Pero se queda corta. Porque esto no solo pone en riesgo la integridad de la administración pública: pone en duda la integridad de una profesión entera, cuyo prestigio se basa, precisamente, en la confianza.
Es tiempo de decirlo sin anestesia: los médicos que otorgan licencias falsas no son víctimas del sistema, son parte del sistema corrupto. Son actores claves en esta estafa encubierta, y su rol debe ser investigado, sancionado y, por sobre todo, expuesto. No con más informes tibios, sino con nombres, sanciones y expulsiones del ejercicio profesional.
Porque mientras miles de ciudadanos hacen malabares para pagar sus cuentas, otros pasean por el Caribe con reposo médico. Y siempre, hay un médico que hizo posible esa burla.
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