1 de junio de 2025.- La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, criticó la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, señalando que el mensaje presidencial no respondió con claridad a las urgencias económicas del país, como la falta de inversión, la fragilidad del mercado laboral y la presión sobre las cuentas fiscales.

“Fue una cuenta pública con fuerte contenido político, pero escasa en medidas concretas para enfrentar las necesidades urgentes de las personas y de los sectores productivos”, afirmó la líder gremial.

Desde el principal gremio empresarial del país, valoraron algunos aspectos del discurso, como el compromiso con la apertura comercial, el reconocimiento del crecimiento económico como prioridad, y la condena a la corrupción. Sin embargo, lamentaron que no se entregaran anuncios contundentes en temas clave como la inversión, el empleo y la eficiencia del gasto público.

“Si no se intervienen realmente los cuellos de botella en la tramitación de proyectos —como el Servicio de Evaluación Ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales y las Direcciones de Obras Municipales—, los avances serán menores y muy lentos”, advirtió Jiménez.

En un contexto de sostenibilidad fiscal deteriorada y deuda pública al alza, la CPC esperaba anuncios para mejorar la eficiencia del gasto y el control de los recursos públicos. A juicio de Jiménez, las señales entregadas por el Ejecutivo generan más incertidumbre, especialmente con el cuestionamiento al modelo económico y la insistencia en mecanismos como la negociación ramal, que —según dijo— afectan particularmente a las pequeñas y medianas empresas.

“Lo que las personas necesitan hoy es más seguridad, mejor empleo y nuevas oportunidades. Y eso se logra dando certezas a quienes invierten, generan empleo y contribuyen al desarrollo del país”, subrayó.

Jiménez recalcó que el sector empresarial está dispuesto a colaborar con el Gobierno para reimpulsar el crecimiento, pero insistió en que se requiere una dirección clara, con medidas reales y estables, más allá del contexto electoral.

“Esperábamos una hoja de ruta clara para reactivar la economía. En vez de eso, se dieron señales que aumentan la incertidumbre”, concluyó.

• Subsecretaria Berner: “Estamos permi endo que sean las familias quienes se beneficien de una menor tasa, que esperamos baje más de los 60 puntos base que es pula el proyecto dada la garan!a estatal asociada”.

Este lunes 19 de mayo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputadas aprobó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley que establece un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas (bole"n n° 17368-05) y despachó a Ley la inicia-va por 129 votos a favor y 1 abstención. El proyecto -ene como propósito generar un efecto reac-vador en el sector inmobiliario y de la construcción, además de impulsar la inversión y el empleo, y facilitar el acceso a la vivienda, en complemento al Plan de Emergencia Habitacional y otras medidas en la materia, impulsadas por el Ejecu-vo.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, agradeció el apoyo de los parlamentarios en la aprobación del proyecto en el Congreso: “Estamos permi-endo que sean las familias quienes se beneficien de una menor tasa, que esperamos baje más de los 60 puntos base que es-pula el proyecto dada la garan"a estatal asociada, por hasta 60% del valor de la vivienda”, sostuvo. 

También valoró las modificaciones y mejoras integradas al Programa de Recuperación Produc-va Regional: “Los ajustes incorporados a este programa durante la tramitación del proyecto permi-rán que este beneficio se aplique con claridad en una o más regiones que lo requieran, según sus dis-ntas necesidades y que jus-fiquen el uso de medidas de reac-vación produc-va, como podría ser un desastre natural”, agregó.

La propuesta -que cursaba su tercer trámite y contaba con urgencia discusión inmediata- otorga un subsidio de hasta 60 puntos base a la tasa de interés para créditos hipotecarios en conjunto con una garan"a estatal. Ambos beneficios compar-rán los requisitos de acceso con el objeto de que, entre ambos instrumentos, se logre alcanzar una reducción total de la tasa de interés a un mayor al monto del subsidio.

El proyecto entregará hasta 50.000 subsidios a personas naturales que cumplan ciertos criterios, como que se trate de la primera venta del inmueble, el valor de la vivienda no debe superar las 4.000 UF. Y se establece un cupo reservado de 6.000 subsidios para las primeras viviendas de hasta 3.000 UF para beneficiarios del DS01 y DS19.

Asimismo, la inicia-va crea una nueva garan"a estatal con cobertura de hasta el 60% del valor de la vivienda (que se compara con la garan"a previa del 10% vigente hasta diciembre 2024), otorgada en conjunto con el subsidio a la tasa antes mencionado. La duración de la garan"a será equivalente a la mitad del plazo del crédito, con un máximo de 15 años, y con un piso de 5 años.

Cabe destacar que la Comisión de Hacienda del Senado realizó ajustes para establecer una mayor claridad en las condiciones para aplicar el Programa de Garan"as de Recuperación Produc-va Regional, además de incorporar la revisión anual por parte de los Ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo de variables a nivel regional asociadas con empleo, ingresos, inversión, o la ocurrencia de desastres naturales, entre otros, que jus-fiquen medidas de reac-vación produc-va en alguna región del país. 

El Programa de Garan"as de Recuperación Produc-va Regional, al alero del FOGAES, actúa como un mecanismo de largo aliento para apoyar la reac-vación de regiones rezagadas, par-endo por la Región del Biobío con el fin de atenuar los impactos por el cierre de Huachipato.

La Cuenta Pública 2025 prometió avanzar hacia una descentralización más efectiva, pero para diversos actores políticos y económicos, el discurso estuvo lejos de abordar los problemas reales que enfrentan las regiones, las empresas y las familias chilenas.

Foto: Página oficial de Facebook del Presidente Gabriel Boric, https://facebook.com/gabrielboric

Rancagua, 1 de junio de 2025. En su reciente Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció la urgencia al proyecto de Ley “Regiones Más Fuertes”, asegurando que la iniciativa busca mayor autonomía para las regiones y una mejor planificación del gasto. Sin embargo, las reacciones no tardaron en llegar desde distintos sectores, cuestionando tanto el contenido como el tono del mensaje presidencial.

Desde la Asociación de Gobernadores de Chile (AGORECHI), encabezada por Pablo Silva Amaya, se valoró la señal del Gobierno, aunque con la expectativa de que el Congreso materialice las promesas en medidas concretas. Pero no todos comparten ese optimismo.

Falta de foco en crecimiento y realidad económica

Desde el mundo empresarial, Arturo Palma Matetic, presidente de la Asociación de Empresas Familiares (AEF), fue tajante:

“Echamos de menos una señal clara y decidida en favor del crecimiento económico. (…) Sin dinamismo económico, no hay futuro posible para la continuidad de miles de negocios familiares en Chile”.

Palma subrayó la falta de propuestas que impulsen la inversión y reduzcan la incertidumbre regulatoria, elementos clave —según la AEF— para sostener empleos y reactivar el aparato productivo del país.

Evelyn Matthei: “El Presidente nos habló de un país que no existe”

La candidata presidencial Evelyn Matthei, por su parte, se reunió con víctimas de la delincuencia y personas afectadas por listas de espera en salud, y criticó duramente la visión presidencial.

“Me dio pena y vergüenza. El presidente lo único que hizo fue dar cifras, muchas de las cuales no son ciertas”, expresó.

Matthei cuestionó la falta de autocrítica en materia de seguridad, el alza de ingresos ilegales al país, el crecimiento económico estancado y la crisis en salud, recordando que en 2024 más de 30 mil personas fallecieron esperando atención médica.

¿Descentralización real o retórica?

Si bien la iniciativa “Regiones Más Fuertes” apunta a un avance en materia de autonomía fiscal y territorial, el discurso presidencial fue leído por muchos como un ejercicio de promesas poco conectadas con la realidad que viven las regiones.

“El centralismo no se soluciona con discursos ni urgencias legislativas sin contenido claro. Se necesita voluntad política, recursos efectivos y una administración regional empoderada”, comentó un dirigente regional consultado por este medio.

Una agenda bajo presión

La falta de propuestas claras para abordar la inseguridad, el estancamiento económico y la precarización de los servicios públicos parece dejar al Gobierno navegando entre expectativas elevadas y un descontento creciente. En ese contexto, la descentralización aparece como una bandera que, aunque legítima, parece más un recurso discursivo que un compromiso con cambios estructurales.

RancaguaTV / Editorial independiente

El proyecto vuelve a la Cámara de Diputadas y Diputados para revisar las indicaciones introducidas relacionadas a extinción del subsidio y compatibilidad con otros beneficios del Minvu.  

Por unanimidad, este miércoles la Sala del Senado despachó a tercer trámite el proyecto que establece un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas (Boletín N° 17368-05). La iniciativa busca disminuir el stock de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, mediante la entrega de hasta 50.000 subsidios a la tasa de interés del crédito hipotecario para personas naturales, mejorando el acceso y las condiciones de financiamiento. 

El subsidio asciende a 60 puntos base y se entregará conjuntamente con una garantía estatal, con el objetivo de conseguir una baja aún mayor en la tasa de interés. Este beneficio no será aplicable a compraventas de promesas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2024 ni a créditos renovados. Además, apunta a complementar el plan de emergencia habitacional impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), estableciendo que, del total de subsidios, 6.000 serán para primeras viviendas de hasta 3.000 UF que cumplan con los requisitos y hubieren obtenido un subsidio del DS01 o el DS19. 

También, la iniciativa establece un nuevo programa de apoyo a la vivienda al alero del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), con cobertura de hasta 60% del valor del inmueble, por lo que se espera un mayor impacto que el programa para la vivienda anterior que tenía solo 10% de garantía. La garantía se extenderá por la mitad del tiempo de duración del crédito, con un máximo de 15 años y un mínimo de 5. 

A esto se suma un Programa de Garantías de Recuperación Productiva Regional, al alero del Fogaes, como un mecanismo de largo aliento para apoyar la reactivación de regiones rezagadas, partiendo por la Región del Biobío con el fin de atenuar los impactos por el cierre de Huachipato. 

Indicaciones

Durante su tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado, los legisladores aprobaron indicaciones relacionadas con normas de aplicación y compatibilidad con subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Asimismo, se incorporó expresamente una remisión para el reglamento que regula las causales de extinción del subsidio, sin perjuicio que éste siempre se extinguirá cuando se extinga el crédito al que accede. También se realizaron modificaciones para establecer con mayor claridad las condiciones para aplicar el programa de Recuperación Productiva Regional en una o más regiones, además de incorporar la revisión anual por parte de los Ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo de variables a nivel regional asociadas con empleo, ingresos, inversión, o la ocurrencia de desastres naturales, entre otros, que justifiquen medidas regionales de reactivación productiva.

Además, en la discusión se revisaron algunos de los lineamientos de la reglamentación secundaria como la noción de la llamada “tasa de referencia”, precisando la composición de esta con un componente libre de riesgo, más un spread financiero y otro comercial para las instituciones bancarias; mientras que la tasa de referencia para las instituciones no bancarias que otorgan créditos hipotecarios tendrá un spread sobre la referencia bancaria según tipo de institución. 

Durante la Cuenta Pública 2024, el Presidente Gabriel Boric anunció con entusiasmo la urgencia al proyecto de Ley “Regiones Más Fuertes”, una iniciativa que —según sus palabras— busca fortalecer la descentralización y otorgar mayor autonomía presupuestaria a los gobiernos regionales.

Pero, ¿qué hay detrás de esta promesa? ¿Cuánto de fondo y cuánto de forma tiene este nuevo intento de seducir a las regiones con un discurso que, en la práctica, no se ha traducido en cambios reales durante sus tres años de mandato?

La retórica del gobierno es clara: más descentralización, más autonomía, más poder para las regiones. Sin embargo, la realidad es que muchas autoridades regionales siguen enfrentando trabas administrativas, centralismo presupuestario, y una constante postergación de sus necesidades más urgentes. El control sigue estando en Santiago, y las supuestas “facultades” de los gobernadores muchas veces no son más que papeles mojados ante una institucionalidad que no cede el control real de la toma de decisiones.

El problema de fondo es que este anuncio, en apariencia transformador, llega tarde y con poco capital político. El gobierno habla de urgencia, pero lo hace cuando el tiempo legislativo se agota y con una popularidad presidencial en caída libre. Las regiones no necesitan promesas en el ocaso del gobierno, necesitan herramientas concretas, flexibilidad operativa y garantías de ejecución que hoy no existen.

Además, se observa una paradoja evidente: el Ejecutivo insiste en entregar más autonomía, pero exige simultáneamente altos niveles de control y fiscalización, sin ofrecer a los gobiernos regionales los recursos ni las capacidades institucionales para responder a esos mismos estándares.

Como medio independiente, creemos que la descentralización no puede seguir siendo usada como eslogan de campaña o contenido de marketing político. O se toma en serio, con una reforma profunda y estructural del Estado, o seguirá siendo un espejismo útil para discursos pero vacío en sus resultados.

Rancagua, como muchas otras ciudades intermedias, ha vivido en carne propia las consecuencias de este centralismo histórico. No basta con anunciar leyes, necesitamos voluntad política real, traspaso de competencias efectivas, y una ciudadanía regional activa que no se conforme con promesas desde La Moneda.

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RancaguaTV / Editorial independiente

Desde la comuna de Lo Espejo, y con un mensaje centrado en salud, seguridad y salarios, la ex ministra Jeannette Jara lanzó oficialmente su precandidatura presidencial, acompañada de figuras clave del Partido Comunista y Acción Humanista. La actividad, presentada como un “encuentro ciudadano”, también sirvió para dar a conocer a sus voceros territoriales de cara a las primarias.

Entre ellos destacan la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa; la alcaldesa Javiera Reyes; y los concejales Fares Jadue y Joel Olmos, todos con clara identificación ideológica. “Van a jugar este rol con una profunda conexión con los territorios de las comunidades”, señaló Jara, subrayando la importancia del respaldo político desde las bases sociales.

Durante el acto, Jara delineó los principales ejes de su propuesta programática, destacando una fuerte defensa al rol del Estado en la salud pública. Su discurso puso especial énfasis en aumentar la dotación de especialistas en salud mental, financiar Cosam y reducir las listas de espera. “La salud mental es un derecho”, recalcó, y cuestionó abiertamente las propuestas de sus contendores de derecha, quienes han planteado una reducción en la carga tributaria.

“Evelyn Matthei propuso bajar los impuestos del 27% al 18%. ¿Y qué va a dejar de financiar?”, se preguntó, aludiendo a una posible “descapitalización del Estado” promovida desde la oposición. Con este tipo de intervenciones, no son pocos los que ven en Jara una estrategia comunicacional de reposicionamiento: una figura que, sin ser del ala más dura del comunismo, permite suavizar el mensaje y capturar electorado fuera del nicho ideológico tradicional.

Además de salud, la ex ministra habló de reforzar la inteligencia policial para combatir el crimen organizado y propuso sustituir el concepto de salario mínimo por uno de “salario vital”, apelando a las necesidades reales de las familias chilenas.

¿Es Jeannette Jara una alternativa fresca dentro del oficialismo? ¿O una carta diseñada para mantener intacto el proyecto político de la izquierda, ahora con un rostro más empático y ciudadano? A medida que se acercan las primarias, el debate no será sólo de ideas, sino también de estrategias. Porque en política, nada es al azar.

Editorial RancaguaTV