Por: Jesús Rodríguez, Chief Executive Officer de Dynamic Devs

La inteligencia artificial está cambiando las reglas del desarrollo de software. Hoy es posible generar código en segundos, y muchas organizaciones compran licencias de asistentes con la promesa de que sus equipos avancen diez o veinte veces más rápido. Pero detrás del entusiasmo hay una pregunta que pocas veces tiene respuesta clara: ¿quién se hace responsable cuando ese código falla?

En Dynamic Devs trabajamos con IA generativa desde 2023, y el primer aprendizaje fue incómodo. Al habilitar asistentes de código, los resultados dependían casi por completo de la experiencia de cada desarrollador: algunos lograban avances notables y otros entregaban soluciones difíciles de sostener. Además, los plazos de entrega no mejoraban. Esa inconsistencia es inaceptable cuando se construye software para otros.

El problema comienza cuando confundimos velocidad con calidad. La IA está diseñada para ser verosímil, no necesariamente veraz: un código puede verse correcto, superar pruebas básicas y funcionar durante meses mientras esconde vulnerabilidades o decisiones que comprometen la estabilidad de una plataforma. Ya vimos esta película con el RPA, el low code o el BPM: soluciones brillantes en la demo que se resentían al integrarse y escalar.

En la banca, los seguros o las AFP, las consecuencias son mayores. Una falla en un sistema que procesa transacciones o gestiona datos sensibles se traduce en pérdidas económicas, interrupciones operacionales, observaciones del regulador y daños reputacionales.

La responsabilidad no puede delegarse a un algoritmo. La IA puede proponer una arquitectura o generar funcionalidades, pero no reemplaza el criterio profesional para evaluar riesgos y decidir. Por eso no aspiramos a ser una empresa AI First, sino Engineering First. Nuestro negocio se sostiene en personas talentosas y un proceso estructurado que da predictibilidad. La IA potencia esa combinación: un buen proceso de ingeniería apalancado en IA es un gran multiplicador; uno malo, una bomba de tiempo.

Esto exige reforzar las bases. Todo parte de buenos requerimientos, porque si lo que entra es ambiguo, lo que sale también lo será. Luego vienen controles que hagan predecible a un modelo que no es determinístico y evidencias para que cada entrega supere auditorías con igual o más rigor que antes. Los roles también cambian: el desarrollador pasa a ser validador, y el arquitecto o el especialista de calidad dejan de ser policías del código para definir las barreras de seguridad. Y todo debe convivir con los procesos y exigencias de cumplimiento de cada organización, no reemplazarlos.

Las empresas que incorporen IA solo para reducir tiempos y costos podrían pagar un precio mucho mayor. La ventaja no estará en producir más código, sino en hacerlo bien para no rehacerlo, con soluciones que operen con seguridad y se mantengan en el tiempo.

Cuando un sistema crítico falla, los clientes no le pedirán explicaciones al algoritmo. Se las pedirán a la empresa que decidió utilizarlo. Esto vale también para los equipos de desarrollo internos. Entregarles asistentes de código sin revisar el proceso no traslada la responsabilidad a la herramienta ni a quien vendió la licencia: la deja en la propia organización.

La IA puede escribir el código. Pero la confianza, la seguridad y la responsabilidad siguen siendo humanas.

Matías Riveros Jara, Seremi de Gobierno de la Región de O’Higgins  

Hace sólo unos días, comenzó formalmente la tramitación del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en el Congreso Nacional. Será el primero que lleva adelante el Gobierno del Presidente Kast, con un fuerte énfasis en la responsabilidad fiscal, y con prioridades que avanzan en mejorar la calidad de vida de nuestro país, como lo son: seguridad, crecimiento y empleo, niñez, y protección de beneficios sociales que estén garantizados por ley.

Existe un esfuerzo importante en aumentar, responsablemente, los recursos del presupuesto para el próximo año, ya que crece un 1,5% en comparación con la ejecución proyectada al término de este año. Lo anterior, será posible, gracias a las acciones que realizó el Gobierno, como el Plan Auditoría Total, y la ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que focalizaron la relevancia de velar, en primer término por el adecuado uso de los recursos de cada chileno, y en segundo término de encender los motores de Chile y de recuperar las confianzas y las certezas jurídicas para nuestra economía, que lleva en promedio, y durante los últimos 10 años, creciendo al 2%. De esta forma, este aumento presupuestario se traduce en las siguientes prioridades de la ciudadanía: seguridad crecerá 9,1%; la agenda de crecimiento, empleo e infraestructura lo hará en +8,1%; la agenda niñez será de +4,1%; y salud crecerá un 4,7%. Además, se garantizan distintos beneficios sociales, tales como la PGU, la gratuidad, subsidios para la vivienda, entre otros.

Pero no es lo único que el Gobierno está llevando adelante. Estamos trabajando fuertemente en recuperar la capacidad de crear empleos: nuestro país acumula 44 meses consecutivos con un desempleo sobre el 8%. En O’Higgins, son cerca de 52 mil las familias que, por más que buscan un empleo, no lo encuentran. Por este motivo, nuestro Gobierno activó en el mes de julio, el Modo Empleo: para crear 2.500 empleos a finales del mes de octubre, y se desplegó una intensa agenda pro empleo: Mesa Regional por el Empleo, subsidios a la contratación, fortalecimiento del Programa de 4 a 7, subsidio Capital Semilla, y la discusión legislativa de la Sala Cuna Universal, entre otros.

Además, el Presidente Kast anunció el Plan Chile Despega, que moviliza $1.350 millones y busca generar, a nivel nacional, más de 100 mil nuevos empleos. En nuestra región, se traducirá en acelerar la inversión pública; impulsar la contratación y empleo directo; recuperar liquidez y financiamiento para las empresas; y asegurar la ejecución de obras. Por ejemplo, a través del MOP, serán más de $19 mil millones destinados al mejoramiento de servicios sanitarios rurales, y diversas obras públicas que permitirán emplear a más de 1.100 personas. El MINVU, creará más de 10 mil empleos, para la construcción de viviendas, mejoramiento habitacional, y obras urbanas. El Ministerio del Trabajo fortalecerá los subsidios a la contratación; y SUBDERE llevará adelante una inversión de más de $4.500 millones, que beneficiarán a más de 15 comunas de O’Higgins, con el desarrollo de 26 proyectos que mejorarán la calidad de vida de miles de personas.

Nuestro país enfrenta múltiples desafíos, que debemos abordar con responsabilidad y sentido de Estado. En esa línea, el Presupuesto 2027 pone en el centro la responsabilidad fiscal y el buen uso de los recursos públicos, y así también, el Plan Chile Despega, que busca fortalecer la creación de empleos, promover la articulación con el sector privado y acelerar las inversiones. Estas, son agendas que deben unirnos como país, y debemos abordarlas con altura de mira, y sentido de urgencia.

Autora: Sylvia Yáñez, Gerente de Personas y Sostenibilidad de Compañía de Seguros Confuturo

En momentos en que el país busca impulsar la creación de empleo, un reciente estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello nos recuerda que no todas las personas compiten en igualdad de condiciones. Según su Panel Laboral, el 92% de los reclutadores (headhunters) ha recibido alguna vez instrucciones de empresas para descartar candidatos por su edad, aun cuando cumplían con el perfil requerido, una cifra que nos obliga a revisar con honestidad cómo se están tomando hoy las decisiones de contratación.

La principal barrera que identifican los reclutadores para contratar a mayores de 55 años no son sus expectativas de renta ni su productividad, sino la percepción de que les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías. Es decir, muchas veces se descarta a una persona por lo que se supone de ella y no por lo que efectivamente puede aportar. ¿Y qué dice la evidencia? las personas mayores de 55 años se han adaptado a múltiples cambios tecnológicos con éxito en el pasado ¿Por qué no podrían adaptarse a nuevas herramientas? Si además ponemos en valor su experiencia, conocimientos acumulados y la menor rotación que aparecen en el mismo estudio como los principales beneficios de contratar a este grupo, pareciera que hay sesgos muy profundos instalados que debemos deconstruir.

Más de la mitad de los especialistas consultados anticipa, además, que la demanda por talento de 55 años o más aumentará en los próximos cinco años, impulsada por el envejecimiento de la población y la escasez de ciertos perfiles. Que esa proyección se cumpla dependerá, en buena medida, de que las empresas estén dispuestas a revisar sus procesos de selección y a abrir espacios reales para quienes quieren seguir trabajando.

En esa dirección, en Confuturo, junto a SelloMayor y Empleos Inclusivos, impulsamos la segunda versión de la Feria Digital de Empleos Senior, que se realizará los días 28 y 29 de octubre y que reúne a 28 empresas comprometidas con abrir oportunidades laborales para personas mayores. Cada una de ellas forma parte del cambio que necesitamos, porque demuestra que es posible evaluar a los candidatos por sus capacidades y reconocer la experiencia como un aporte. La feria incluye también capacitaciones en herramientas digitales e inteligencia artificial, para que la actualización de competencias deje de ser un obstáculo.

Superar los sesgos de edad requiere el compromiso de todos, pero el cambio de fondo ocurre dentro de las organizaciones, cuando los procesos de selección dejan de usar la edad como filtro y comienzan a mirar lo que cada persona sabe hacer. En un país que envejece, abrir esas puertas es una decisión de inclusión y también una decisión inteligente para cualquier empresa que quiera contar con el mejor talento.

Autora: Sylvia Yáñez, gerenta de Personas y Sostenibilidad de Compañía de Seguros Confuturo

En un momento económico complejo, como el actual, es una buena noticia que la creación de empleo sea una prioridad. Iniciativas como los subsidios a la contratación y el Subsidio Unificado al Empleo, que comienza a regir este mes y por primera vez incluye a las personas mayores de 55 años, muestran que el gobierno está haciendo su parte. Sin embargo, que esos incentivos se traduzcan en oportunidades reales dependerá, en gran medida, de la voluntad de las empresas para abrir espacios y revisar sus prácticas de contratación.

Esta conversación suele concentrarse en jóvenes y mujeres, pero hay otro grupo que merece igual atención: las personas mayores. En un país donde la esperanza de vida aumenta sostenidamente y cada vez más personas llegan a edades avanzadas en buenas condiciones de salud, el trabajo deja de ser únicamente una fuente de ingresos. También es una forma de mantenerse activo, seguir contribuyendo, desarrollar talentos y conservar vínculos sociales que aportan bienestar y sentido de propósito.

Lo preocupante es que quienes desean continuar trabajando enfrentan barreras importantes como prejuicios que todavía persisten y procesos de selección que descartan experiencia antes de conocer el valor que puede aportar. De hecho, según datos del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, una persona de entre 65 y 69 años tarda en promedio casi un año en encontrar un nuevo empleo.

Buscando contribuir a acortar esta brecha, en Confuturo, junto a SelloMayor y Empleos Inclusivos, impulsamos la Feria Digital de Empleos Senior, cuya segunda versión se realizará los días 28 y 29 de octubre y ya suma 25 empresas participantes.

Durante este año, además, llevamos esta conversación a regiones mediante encuentros realizados en Concepción, Puerto Montt y Antofagasta, con el objetivo de visibilizar el valor de la experiencia y promover oportunidades laborales para las personas mayores.

Ningún actor puede resolver este desafío por sí solo. El Estado puede crear incentivos, la sociedad civil tender puentes y las empresas generar oportunidades. Pero el cambio más importante ocurre cuando dejamos de mirar la edad como una limitación y comenzamos a verla como una fuente de valor.

En una sociedad que envejece, construir más empleo también significa reconocer que la experiencia sigue siendo una de las capacidades más valiosas para enfrentar el futuro.

Por Francisco Miranda, Key Account Manager Gobierno y Proyectos Especiales de Hytera en Chile.

El aluvión que afectó recientemente a Las Condes y la intensa tormenta de esta semana que provocó inundaciones, cortes de electricidad y múltiples alteraciones en Santiago volvieron a poner sobre la mesa una pregunta que Chile no puede seguir postergando: ¿qué tan preparadas están nuestras instituciones para responder ante emergencias de gran magnitud?

Estos acontecimientos ocurren, además, en un contexto climático especialmente desafiante. El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y, según las proyecciones, podría mantenerse en una fase fuerte o muy fuerte incluso durante los primeros meses de 2027. En un escenario donde las lluvias intensas y tormentas pueden presentarse en períodos poco habituales, la preparación de nuestras ciudades adquiere una urgencia aún mayor.

Si bien anticipar los riesgos y fortalecer las medidas de prevención resulta indispensable, también debemos preguntarnos qué ocurre cuando la emergencia ya está en desarrollo. Un aluvión, una inundación o un corte generalizado de servicios obliga a movilizar simultáneamente a municipios, Bomberos, Carabineros, equipos de salud y otros organismos. Cada institución cumple un rol distinto, pero todas necesitan compartir información, coordinar recursos y tomar decisiones oportunamente.

Aquí aparece un desafío que muchas veces queda fuera de la discusión pública: la capacidad de estos organismos para comunicarse entre sí. Porque no basta con disponer de personal capacitado, vehículos o equipamiento si quienes están desplegados en terreno no cuentan con sistemas que faciliten una coordinación efectiva. La interoperabilidad entre instituciones, entendida como la capacidad de conectar diferentes tecnologías y equipos de comunicación, debe formar parte de la estrategia de respuesta ante emergencias.

Esto cobra todavía más relevancia cuando las condiciones adversas afectan las redes convencionales o interrumpen el suministro eléctrico. En esos escenarios, la continuidad de las comunicaciones operativas resulta fundamental para movilizar recursos, solicitar apoyo y mantener conectados a los equipos que trabajan en distintos puntos de una ciudad.

Los acontecimientos recientes deben invitarnos a mirar más allá de las consecuencias inmediatas. Chile conoce los riesgos asociados a los desastres naturales, pero ese conocimiento debe traducirse en planificación, inversión y modernización de las capacidades institucionales. La preparación no comienza cuando se activa una alerta, sino mucho antes, cuando se establecen protocolos, se fortalecen las redes de colaboración y se desarrollan sistemas capaces de responder en condiciones críticas.

Porque una emergencia puede ser imposible de evitar, pero la descoordinación entre quienes tienen la responsabilidad de responder no debería serlo.

Jovanka Trebotich, directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de Know Hub Chile

La publicación de la Ley N° 21.838 el 17 de septiembre de 2026 marca un hito para la innovación en Chile. Con vigencia desde marzo de 2027, la norma regula la transferencia de conocimiento, las empresas de base científico-tecnológica, la Ciencia Abierta y crea el Repositorio Nacional en la ANID.

Suele celebrarse la ley como si fuera la meta, asumiendo que la I+D pública fluirá espontáneamente hacia la industria. Sin embargo, esta mirada ignora la "variable invisible": las capacidades de absorción y la gestión en el terreno. El cuello de botella en Chile no es la falta de regulación, sino la fragilidad de la intermediación tecnológica.

Sin incentivos en la carrera académica ni apoyo a los gestores, la norma corre el riesgo de derivar en un mero trámite burocrático. De cara a 2027, la prioridad debe ser la reglamentación pendiente y fortalecer la adopción en las pymes.

Las leyes no innovan; lo hacen las personas e instituciones. El desafío no termina en el Diario Oficial, sino en transformar este marco en soluciones reales para el desarrollo chileno.