TRANSPORTE PÚBLICO: CUANDO EL DIÁLOGO Y LA GESTIÓN SON MÁS NECESARIOS QUE NUNCA.

Por: Julio Gutiérrez Sepúlveda / Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones. / Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Durante las últimas semanas, las declaraciones realizadas por operadores del transporte público urbano de Rancagua han instalado una preocupación respecto de la sostenibilidad del sistema y su operación cotidiana. Como Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, considero importante explicar a la ciudadanía el contexto de esta situación y, sobre todo, las acciones concretas que estamos desarrollando para enfrentarla.

Desde el primer día en que asumí esta responsabilidad, hemos trabajado con un propósito claro: avanzar hacia un transporte público más eficiente, más digno y más estable para la Región de O’Higgins. Ese desafío exige diálogo permanente, capacidad de gestión y coordinación constante con operadores, gremios, municipios y autoridades regionales.

Sin embargo, durante los últimos meses hemos debido enfrentar un escenario especialmente complejo. Un significativo aumento en el precio de los combustibles registrado a fines de marzo impactó directamente en los costos operacionales del transporte público en todo el país. Frente a ello, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha debido actuar con rapidez para evitar que estas alzas terminen siendo traspasadas directamente a las familias usuarias.

Ese equilibrio no es simple. Por una parte, los operadores deben sostener servicios que han visto aumentar considerablemente sus costos. Por otra, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a miles de personas que utilizan diariamente el transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.

Asimismo, para el transporte rural, taxis colectivos y transporte escolar, el Ministerio ha impulsado distintos mecanismos de compensación orientados precisamente a mitigar el impacto del alza de combustibles. Como Seremi, nuestro trabajo ha estado enfocado en informar, acompañar e incentivar a los operadores a postular a estos beneficios. Gracias a ese esfuerzo conjunto, varios servicios rurales de transporte mayor en la región han logrado retrotraer sus tarifas a valores previos al aumento del combustible.

Ahora, es necesario mencionar, que, la situación del transporte público mayor de Rancagua y Machalí, posee una característica distinta. Estos servicios operan bajo un sistema denominado “Perímetro de Exclusión”, esto significa que los operadores no pueden retirar máquinas, modificar recorridos o aumentar tarifas por decisión propia, pues deben cumplir condiciones establecidas y fiscalizadas por la autoridad. Este marco permite entregar mayor estabilidad y certeza a los usuarios, resguardando la continuidad del servicio y evitando que las dificultades operacionales se traduzcan directamente en alzas o disminuciones arbitrarias de la oferta de transporte.

El problema radica en que dichos subsidios se calculan y pagan a mes vencido. Es decir, el impacto del alza de combustibles de abril recién se verá reflejado en los pagos correspondientes al mes de junio. Esa diferencia temporal ha generado tensiones financieras en los operadores y explica gran parte de las inquietudes que se han manifestado públicamente.

Pese a ello, también es importante señalar que hemos realizado avances concretos en materia de gestión administrativa. Cuando asumimos la Seremi, los pagos de subsidios estaban demorando aproximadamente 52 días. Hoy hemos logrado reducir ese plazo a 38 días, posicionando a nuestra región entre las tres con menor tiempo de pago a nivel nacional.

Pero sabemos que eso no basta. Por lo mismo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció recientemente una medida extraordinaria para fortalecer la liquidez de los operadores bajo sistema de perímetro de exclusión: el pago anticipado de subsidios base correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, recursos que comenzarán a ser inyectados durante este mismo mes.

Esta decisión demuestra que el Gobierno ha comprendido la urgencia del escenario y está actuando para resguardar la continuidad del servicio, evitando que las dificultades financieras afecten directamente a los usuarios.

Como autoridad regional, seguiremos trabajando con responsabilidad y diálogo permanente para enfrentar esta contingencia. Las diferencias o tensiones propias de un sistema complejo nunca deben alejarnos del objetivo principal: garantizar un transporte público estable, seguro y accesible para las personas.

Porque detrás de cada discusión técnica o financiera, existen miles de vecinos y vecinas que necesitan llegar a tiempo a sus trabajos, a sus centros de estudio o a sus hogares. Y ese compromiso con la ciudadanía debe seguir siendo el centro de todas nuestras decisiones.