ELECCIÓN PRESIDENCIAL:

Por: Susana Jiménez, Presidenta de la CPC

Chile volvió a dar muestra de la solidez de nuestra democracia, a través de una jornada electoral que se caracterizó por el orden, el respeto y la alta participación ciudadana. Confirmamos una vez más que los chilenos, a través de su voto,  están ejerciendo responsablemente su derecho a influir en la dirección del país que aspiran que seamos, concretando las reformas necesarias para lograrlo.

El contundente resultado muestra un respaldo potente de la ciudadanía a la agenda pro seguridad, pro crecimiento, pro empleo y pro inversión liderada por el candidato ganador.  Vemos con claridad que los chilenos y las chilenas hoy se sienten convocados a los cambios que apunten en esa dirección y que permitan dar un vuelco a los resultados de los últimos años. 

Esperamos que el mundo político se haga eco de la voz de mayoría, y el amplio consenso en torno  a las transformaciones que Chile requiere, permita alinear las voluntades en torno a esas necesidades y realizar los cambios a la brevedad.

En materia económica, el diagnóstico está claro  y las acciones no pueden esperar. Para volver a crecer y generar oportunidades para todos,  deben reducirse las trabas burocráticas que dificultan innecesariamente la inversión, hay que bajar la carga tributaria para ser más competitivos, y reducir los costos laborales para recuperar el empleo formal y de calidad.

Todo ello debe ir acompañado de la comprometida reducción de gastos superfluos en el Estado, además de las modificaciones al sistema político, para terminar con la  fragmentación y dispersión política que hacen extremadamente complejo avanzar en la aprobación de reformas. 

Como siempre, desde la CPC nos ponemos a disposición del nuevo gobierno, para colaborar en el diseño e implementación de las políticas públicas que permitan a Chile reimpulsar el crecimiento, el emprendimiento, la inversión y el empleo, en un ambiente de seguridad pública y certeza jurídica que se han visto deteriorados en los últimos años. 

¿A quién sirven realmente las encuestas presidenciales?

Editorial RancaguaTV

En campañas políticas presidenciales, generalmente vemos un despliegue masivo de encuestas sobre quién ocupará el sillón presidencial de Chile. Sin embargo, más allá de su aparente objetividad, estas cifras deben ser recibidas con cautela. No se trata simplemente de medir la intención de voto; en muchos casos, estas encuestas se han convertido en herramientas de manipulación política, favoreciendo a sectores que buscan perpetuar el poder y mantener un control sobre la narrativa pública.

Históricamente, Chile ha sido testigo de episodios de corrupción y abusos de poder en distintos gobiernos. Desde irregularidades en la asignación de contratos hasta manejos cuestionables de fondos públicos, la transparencia en nuestra política sigue siendo un desafío constante. Estas circunstancias generan un contexto donde las encuestas no solo miden opinión, sino que a veces pretenden dirigirla.

Entre las figuras políticas que participan en la carrera presidencial, se encuentra la candidata Jeanette Jara, quien ha sido cuestionada por diversos aspectos de su trayectoria. Durante su gestión, se han señalado cuestionamientos relacionados con la administración de recursos públicos y decisiones que no siempre han reflejado la transparencia que exige la ciudadanía. Estos antecedentes son relevantes para los chilenos, quienes deben poder evaluar a los candidatos más allá de lo que muestran los sondeos cuidadosamente elaborados en favor de cierta candidata o candidato.

¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo ciegamente en las encuestas? ¿Nos hemos detenido a pensar quién las financia, quién manipula los números y qué intereses defienden? Cada cifra, cada gráfico, puede estar diseñado para engañarnos, para hacernos aceptar como inevitable lo que en realidad beneficia a unos pocos. En un país donde la política ha estado marcada por la corrupción y el favoritismo, seguir confiando en estas “herramientas de opinión” es ser cómplice de un sistema que nos quiere sumisos. Si no cuestionamos, si no investigamos, estamos dejando que otros decidan por nosotros, y esa indiferencia cuesta cara. La información independiente no es un lujo: es nuestra única defensa para pensar con libertad y actuar con conciencia.

Si algo queda claro, es que el verdadero poder de decisión está en el voto informado de los ciudadanos, no en las cifras manipuladas que nos presentan los medios y consultoras al servicio de intereses particulares. Chile merece transparencia, responsabilidad y un debate político centrado en los hechos, no en encuestas diseñadas para condicionar la opinión pública.

En el IP Santo Tomás el subsecretario Erwin Díaz junto a autoridades regionales se reunió con estudiantes para dialogar sobre los desafíos de la manipulación informativa y la desinformación, lo que cobra aún mayor relevancia en tiempos de elecciones.

Rancagua, 22 de octubre de 2022.- Con el propósito de fortalecer la alfabetización mediática de la ciudadanía y frenar la propagación de la desinformación, de modo que las personas reflexionen antes de compartir contenidos, verifiquen la información de manera rigurosa y difundan mensajes responsables, el subsecretario de Gobierno, Erwin Díaz, lanzó en nuestra región la campaña “Aguanta, Chequea y Comparte”.

Esta iniciativa comunicacional constituye la primera vez que en Chile se instala una agenda pública desde el Estado para abordar los desafíos de la manipulación informativa y la desinformación, tema que ya ha sido considerado como un problema de crucial para la sociedad actual por diversas instituciones globales, como el Foro Económico Mundial (2013), la Unión Europea (2018), la UNESCO (2020), la OMS (2022) y la APEC (2022)

Contempla el trabajo realizado en 2023 por la Comisión Asesora contra la Desinformación de los ministerios Secretaría General de Gobierno y el de Ciencias, e involucra el fortalecimiento de la Alfabetización Digital mediante programas, convenios y campañas.

Esta campaña, que incluye el spot promocional con la cumbia “Aguanta, Chequea y Comparte”, aconseja 3 simples pasos a la ciudadanía cuando reciba una información:

1. “Aguantar” antes de reaccionar a una publicación
2. “Chequear” la veracidad y la fuente de la que proviene
3. Y sólo entonces “compartir” la información si es verdadera.

El representante de O’Higgins advirtió que la ley de prefijos únicos que entró en vigencia en agosto pasado “no resolvió el hostigamiento” contra las personas, por lo que esta semana ingresará una nueva iniciativa y solicitará tramitar otra que fue presentada en el año 2023.

El diputado por la Región de O’Higgins y actual candidato a la reelección por el Distrito 16, Eduardo Cornejo (UDI), anunció la presentación de un proyecto de ley -y la reactivación de otro- ante los reiterados reclamos que siguen existiendo por las denominadas “llamadas spam”, pese a que en agosto comenzó a regir la ley sobre “prefijos únicos” que apuntaba a dar una solución al problema.

Al respecto, cabe recordar que la nueva normativa establece que todas las llamadas comerciales deberán llevar los prefijos 600 y 809. El primero de ellos, cuando el contacto sea solicitado por el usuario o exista una relación contractual, mientras que el segundo para las llamadas “no deseadas”.

Sin embargo, desde su entrada en vigencia a mediados de agosto, el diputado Cornejo advirtió que siguen existiendo una seguidilla de reclamos por parte de los usuarios, quienes incluso señalan que han recibido hasta 15 llamadas diarias, ya sea de cobranza o de alguna empresa que ofrece servicios.

Por lo mismo, junto con calificar como “insuficiente” la nueva ley, puesto que “no frenó el acoso ni el hostigamiento del que son víctimas millones de chilenos”, el representante del Distrito 16 anunció que, en primer lugar, esta semana presentará un proyecto de ley que obliga a las compañías de servicio telefónico a implementar una herramienta o plataforma para que los usuarios puedan detectar y bloquear todas las llamadas con fines comerciales que no hayan sido solicitadas por ellos.

En segundo lugar, el parlamentario gremialista informó que solicitará iniciar la tramitación de un proyecto que como bancada presentaron en 2023, que además de fijar un horario para las llamadas de cobranza -de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 15:00-, las limita a un máximo de una semanal.

“Lamentablemente, la nueva ley sobre prefijos únicos no logró resolver el hostigamiento y el acoso del que todos los días están siendo víctimas millones de chilenos. La sola obligación de anteponer un número para que los usuarios pudieran identificar las llamadas no impide que sean contactados, ni por razones de cobranza ni para ofrecer algún servicio, lo que ha llevado a que muchas personas estén recibiendo más de diez o hasta veinte llamados al día. Ese es un acoso que tiene que detenerse, porque las empresas que están detrás ni siquiera distinguen horario, edad ni condición, por lo que incluso están hostigando a adultos mayores o personas enfermas con sus llamadas”, criticó Cornejo.

En ese sentido, en el caso de las llamadas “no deseadas” que buscan ofrecer la contratación de un servicio, el representante de O’Higgins calificó como “indispensable” que las personas “tengan el derecho a elegir quiénes los pueden contactar”, por lo que el proyecto que ingresará durante esta semana obligará a las compañías a habilitar una plataforma para poder bloquear los contactos de ese tipo. Mientras que en el caso de llamadas de cobranza extrajudicial, el diputado Cornejo aseguró que “retrasarse en el pago no faculta a las empresas a hostigar de la forma en que lo están haciendo”.

“Hemos sabido que varias personas, entre ellos adultos mayores, por dejar de contestar números desconocidos ante el acoso sufren, han incluso perdido horas médicas que esperaban desde hace meses. Y esa es una realidad que se tiene que terminar, porque estamos llegando a un nivel donde las empresas no respetan ni la más mínima privacidad”, reiteró el parlamentario por el Distrito 16.

• La legisladora remitió los antecedentes a la Contraloría para que investigue el trato directo realizado por la Subsecretaría de Transportes y los montos involucrados, así como también al CDE para que estudie la interposición de una querella por los eventuales delitos.

La diputada de la Región de O'Higgins, Natalia Romero (Ind. UDI), anunció que ofició a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se inicien las investigaciones correspondientes y se estudie la presentación de acciones judiciales, luego de conocerse el despilfarro de más de $513 millones en la Subsecretaría de Transportes en el marco de la implementación de la nueva “Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte”, más conocida como “Ley Uber”.

De acuerdo a lo revelado por el programa Informe Especial, el Ministerio de Transportes debió poner término anticipado al contrato firmado con la empresa Concordia Ediciones SpA, encargada de desarrollar el Registro de Empresas de Transporte (EAT), plataforma destinada a alojar la información de conductores, pasajeros y viajes. El contrato —por un total de 13 mil UF— fue rescindido en agosto pasado debido a graves incumplimientos y falencias en el servicio.

Romero expresó su profunda preocupación, no solo por los más de $513 millones malgastados, sino también por los casi $800 millones adicionales que el Ejecutivo habría destinado para contratar a una nueva empresa, es decir, un 55% más del presupuesto original.

“Estamos frente a un despilfarro millonario de recursos públicos, del cual el Ejecutivo no puede desentenderse, porque fueron ellos quienes contrataron vía trato directo a esta empresa y tenían la obligación de planificar y supervisar el desarrollo de esta plataforma, lo que evidentemente no hicieron”, señaló la parlamentaria.

En esa línea, la diputada detalló que remitió los antecedentes a la Contraloría para que investigue el trato directo realizado por la Subsecretaría de Transportes y los montos involucrados, así como también al CDE para que estudie la interposición de una querella por los eventuales delitos que pudieran configurarse.

Asimismo, Romero solicitará a la comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados citar con urgencia al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y al subsecretario Jorge Daza, con el objetivo de que entreguen mayores antecedentes sobre lo ocurrido.

“Aquí no solo hay recursos públicos que se deben recuperar, sino que además existen responsabilidades políticas y administrativas que deben asumirse. El país merece una explicación clara y transparente, y lo mínimo que corresponde es que las autoridades den la cara en el Congreso para responder por este grave perjuicio fiscal”, enfatizó.